Introducción:

El Decreto 971/2024 del Poder Ejecutivo, en conjunto con el Decreto 836/24, marca un hito en la modernización del procedimiento administrativo en Argentina. Esta normativa establece cuándo el silencio administrativo tendrá efectos positivos o concedentes, delimitando claramente los casos en los que no aplicará. Estas modificaciones se enmarcan en el contexto de la Reforma del Estado impulsada por la Ley Nº 27.742, que introdujo cambios significativos a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. Este artículo se propone analizar en brevemente los alcances y limitaciones de estas reformas, su implementación y su impacto en la eficiencia y transparencia de la administración pública.

Desarrollo

La Ley Nº 27.742, mediante su Título II, Capítulo III, reformó el artículo 10 de la Ley Nº 19.549, estableciendo que, en ciertos casos, el silencio administrativo tendrá efectos positivos. En particular, el inciso b) del artículo 10 dispone que, si una norma exige una autorización administrativa y la Administración no dicta una resolución expresa dentro del plazo previsto, el silencio será considerado como una aprobación tácita. No obstante, esta disposición no se aplica en materias de salud pública, medio ambiente, prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes de dominio público, permitiendo excepciones adicionales por vía reglamentaria.

El Decreto 971/2024 desarrolla esta normativa en dos anexos específicos. El “Anexo 1”, de 23 hojas, detalla los trámites excluidos del silencio positivo, incluyendo las mencionadas áreas críticas como la salud pública, el medio ambiente, y los servicios públicos. Este anexo clasifica los procedimientos administrativos bajo la órbita de diversas entidades de la Administración Central, tales como la Presidencia, la Jefatura de Gabinete de Ministros, y varios ministerios.

En contraste, el “Anexo 2”, de 11 hojas, enumera los procedimientos en los que el silencio administrativo producirá efectos positivos. Este anexo sigue una estructura similar pero excluye a la Presidencia e incluye al Ministerio de Justicia. Entre los trámites destacados se encuentran la solicitud de Apostilla/Legalización de documentos públicos, la obtención de licencias para servicios TIC, y la habilitación para la adquisición de tierras rurales, entre otros.

Además, el Decreto N° 695/24 introdujo modificaciones al Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto 1759/72 – T.O. 2017), estableciendo en su artículo 65 bis que las autorizaciones administrativas son actos que habilitan el ejercicio de un derecho preexistente del administrado, mientras que los permisos, que otorgan derechos excepcionales frente a prohibiciones normativas, no están sujetos al silencio positivo. Asimismo, se dispone que los trámites deben realizarse digitalmente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

La implementación de estas disposiciones requiere una coordinación exhaustiva y continua. La Jefatura de Gabinete de Ministros tiene la responsabilidad de mantener actualizados los listados de procedimientos administrativos sujetos al silencio positivo. A partir del 1º de noviembre de 2024, las reparticiones de la Administración Pública Central deben implementar el silencio positivo, y a partir del 1º de diciembre de 2024, los organismos descentralizados deben hacer lo propio.

La normativa exige que las reparticiones identifiquen y clasifiquen todos los trámites administrativos, asegurando que aquellos que requieran una autorización reglada se integren adecuadamente en las plataformas digitales correspondientes. Este proceso debe ser acompañado de informes técnico-jurídicos que justifiquen cualquier excepción al silencio positivo.

Conclusión:

Las reformas introducidas por los Decretos 971/2024 y 836/24, en el marco de la Ley Nº 27.742, representan un paso significativo hacia la modernización administrativa en Argentina. Al establecer criterios claros para la aplicación del silencio administrativo positivo, estas normativas buscan reducir la burocracia y aumentar la eficiencia y transparencia en la gestión pública. Sin embargo, la correcta implementación y monitoreo de estas disposiciones son cruciales para evitar abusos y garantizar que los derechos de los administrados se protejan adecuadamente. La adopción de tecnologías digitales y la actualización continua de los procedimientos administrativos son elementos esenciales para el éxito de esta reforma.