La Ley N° 27.742 ha marcado un hito en la administración pública argentina al permitir una profunda reorganización y privatización de la estructura estatal. A través de su Capítulo I del Título II, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a llevar a cabo una reestructuración significativa de los órganos y organismos de la administración centralizada y descentralizada. Esta ley también otorga la posibilidad de modificar, fusionar o transferir empresas y sociedades estatales, siempre garantizando una adecuada asignación de recursos. Todo en miras de achicar el tamaño estatal.
Entre las medidas destacadas, el artículo 4° permite al Poder Ejecutivo transformar la estructura jurídica de estas entidades, mientras que el artículo 5° autoriza la modificación o liquidación de fondos fiduciarios públicos. Además, el artículo 6° establece la intervención temporal de organismos descentralizados, con ciertas excepciones, para asegurar una transición ordenada.
El Capítulo II de la ley introduce la privatización de empresas y sociedades estatales, siguiendo los lineamientos de la Ley N° 23.696, y se requiere una reglamentación precisa para su correcta implementación. La Ley N° 27.742 también trae consigo modificaciones a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley N° 19.549), lo que exige ajustes en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para adaptar el concepto del «silencio administrativo» a un contexto más digitalizado.
En paralelo, se encomienda a la Jefatura de Gabinete de Ministros la aprobación de un cronograma para la implementación del silencio con efecto positivo en los procedimientos administrativos. Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología será responsable de garantizar que esta nueva disposición se implemente de manera efectiva.
Estas reformas reflejan un enfoque integral hacia la modernización del aparato estatal, buscando una administración más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. El desafío ahora es asegurar que estos cambios se implementen de manera coherente y efectiva, garantizando la transparencia y la eficacia en la gestión pública.
Un paso que intenta efectivizar los cambios buscados se vio hoy. Es que, en el día de la fecha, el presidente ha promulgado un decreto crucial en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional, que establece nuevas reglas para la implementación de la Ley N° 27.742. Esta ley introduce reformas significativas en la administración pública, y el Decreto N° 695/2024 detalla cómo se llevará a cabo su aplicación.
En primer lugar, se aprueba la reglamentación del Título II de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que se incluye como Anexo I del decreto. Esta reglamentación especifica las directrices para implementar las reformas establecidas por la ley.
En segundo lugar, se dispuso que la Jefatura de Gabinete de Ministros tiene un plazo de 15 días para aprobar un cronograma para la implementación del «silencio con sentido positivo», un mecanismo que considera la falta de respuesta en ciertos procedimientos administrativos como una aprobación tácita. Este cronograma deberá indicar cuándo comenzará a aplicarse esta medida y los procedimientos a los que se aplicará. Las reparticiones de la administración pública deben actualizar y mantener un registro de los procedimientos afectados, aunque aquellos regulados por normas especiales seguirán rigiéndose por sus propias reglas.
En tercer lugar, la Jefatura de Gabinete debe presentar al Poder Ejecutivo Nacional un informe sobre los casos específicos en los que no se aplicará el silencio con efecto positivo, antes de su implementación. Por último, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología está encargada de asegurar que la implementación del silencio con sentido positivo se realice a través de plataformas digitales.
Este decreto, que entra en vigencia a partir de su publicación, marca un avance hacia la modernización y eficiencia en la administración pública, buscando agilizar los trámites administrativos y mejorar la gestión de procedimientos.
Civitas Legum 
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