Introducción
En el contexto de una transformación profunda del aparato estatal argentino, la Resolución 1/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, promulgada el 8 de agosto de 2024, representa un paso significativo en la redefinición del empleo público. Esta normativa, que implementa el «Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad», introduce un mecanismo regulador que afecta directamente al personal estable de la Administración Pública Nacional en caso de reestructuración o reducción de dotación. En este artículo, analizaremos los aspectos clave de esta resolución y sus implicancias legales y prácticas para los empleados públicos y el funcionamiento del Estado.
Desafíos y Controversias en la Implementación del Régimen de Disponibilidad para el Empleo Público
La Resolución 1/2024 surge como respuesta directa a la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conforme lo establece el Decreto N° 585/2024. Esta nueva entidad tiene como objetivo central la modernización del aparato estatal, ajustando su estructura y eficiencia operativa a las necesidades actuales. Para ello, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública ha sido dotada de facultades específicas para regular y aplicar las normas relativas al empleo público, tal como lo establece la Ley N° 25.164 y sus reglamentaciones.
Uno de los puntos más controvertidos de la resolución es el «Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad», que se aplica a aquellos empleados públicos que, debido a la reestructuración, se ven afectados por la eliminación de sus funciones o la reducción de personal. Esta situación de disponibilidad, que puede extenderse hasta 12 meses, coloca a los empleados en una situación de incertidumbre laboral, obligándolos a capacitarse o a integrarse en servicios tercerizados del Estado. Si al final de este periodo no se ha formalizado una nueva relación laboral, el empleado es automáticamente desvinculado, percibiendo una indemnización mínima basada en su antigüedad y mejor salario mensual.
Este régimen plantea interrogantes importantes sobre la estabilidad laboral en el sector público y la capacidad del Estado para ofrecer seguridad jurídica a sus empleados. Aunque la resolución prevé una compensación económica para los desvinculados, la obligatoriedad de transitar por un periodo de disponibilidad y el posible traslado a servicios tercerizados generan un clima de precariedad que contrasta con la estabilidad que tradicionalmente caracteriza al empleo público.
Tensión entre Flexibilidad Estatal y Derechos Laborales
Desde una perspectiva jurídica, la Resolución 1/2024 pone de relieve la tensión entre la necesidad de modernizar el Estado y los derechos adquiridos de los empleados públicos. La Ley N° 25.164, que regula el empleo público, establece garantías claras para el personal estable, pero la introducción de este nuevo régimen de disponibilidad modifica sustancialmente estas garantías, sobre todo en un contexto de reestructuración masiva.
El derecho a la estabilidad en el empleo, históricamente protegido por el marco normativo argentino, se ve ahora cuestionado por esta resolución que prioriza la flexibilidad y adaptación del Estado a nuevos desafíos. Sin embargo, esta flexibilidad no debería interpretarse como un detrimento de los derechos laborales, sino como una oportunidad para reconfigurar el rol del empleo público en un Estado moderno y eficiente. La clave estará en cómo se implementen estas normas y en el equilibrio que se logre entre eficiencia administrativa y protección laboral.
La eficiencia del sector público es un tema de interés desde el punto de vista académico y político, ya que el Estado debe utilizar los recursos con eficiencia frente a las necesidades y obligaciones administrativas. En este sentido, la flexibilización del empleo en el sector público se ha planteado como una de las principales iniciativas para mejorar la eficiencia; sin embargo, no es del todo claro que ello sea así, pues achicar el Estado no genera como consecuencia inmediata su eficiencia.
Argumentos en favor de la flexibilización laboral estatal
La estabilidad en el empleo público ha sido durante mucho tiempo un pilar de la administración gubernamental. Sin embargo, en un mundo donde la única constante es el cambio, es hora de reexaminar este concepto bajo una nueva luz. La flexibilidad laboral estatal podría ser una oportunidad para que el sector público se adapte, innove y responda de manera más eficaz a las demandas del siglo XXI.
Primero, consideremos la necesidad de adaptación. Los gobiernos enfrentan desafíos que evolucionan rápidamente: desde avances tecnológicos hasta crisis económicas. En este contexto, una fuerza laboral rígida puede convertirse en un obstáculo. La flexibilidad laboral permitiría a las instituciones públicas reestructurar sus equipos y reasignar recursos de manera ágil, respondiendo a las demandas emergentes con la velocidad que exigen las circunstancias.
Otro punto ha considerar se encuentra en la ineficiencia que genera en una organización la imposibilidad de utilizar el despido mismo como recurso, máxime cuando se presentan empleados ineficientes que ingresaron a la Administración por cuestiones ajenas a la idoneidad. Esta conducta no deseable genera problemas desvaliosos para la continuidad de la agrupación, tanto interna como en cuanto a relaciones con el medio, sin mencionar la ineficiencia expresada a través de las pérdidas que los agentes de la organización ocasionan a terceros y los considerables aumentos de los gastos corrientes estatales. Dentro del argumento económico, la flexibilidad laboral ofrece al Estado una herramienta poderosa para gestionar sus recursos humanos de manera más eficiente. En lugar de mantener a todos los empleados en sus puestos, incluso cuando las necesidades cambian, el gobierno puede adaptar su plantilla a las realidades presupuestarias y operativas actuales. Esto no solo reduce costos innecesarios, sino que también libera fondos que pueden ser reasignados a prioridades más urgentes.
La flexibilidad también promovería la meritocracia. En un sistema más dinámico, los empleados son incentivados a mejorar continuamente sus habilidades y rendimientos. Aquellos que se destacan son recompensados, mientras que los menos eficientes pueden ser reubicados o desvinculados. Esto crearía un entorno en el que el talento es valorado y el desempeño es recompensado, lo que a su vez eleva el estándar general del servicio público.
Por su parte, si bien organismos internacionales han aboradado la importancia de regular las condiciones del empleo público, lo cierto es que no se observa un referencia tajante a la flexibilización o prohibición de despido. En efecto, la Convención 151 de la OIT (2 de julio de 1978) referente a las relaciones de trabajo en la administración pública, en su artículo 4, sugiere que el establecimiento de las relaciones de empleo deben proteger la libertad sindical y la protección contra cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, no se mencionó la estabilidad en el empleo público.
Argumentos en contra de la flexibilización laboral estatal
La estabilidad en el empleo público no es simplemente una política más; es una pieza clave en el intrincado rompecabezas que conforma un gobierno eficaz y ético. A continuación, desgloso por qué la estabilidad en el empleo público merece ser defendida, a pesar de la tendencia actual hacia la flexibilidad y la reestructuración.
Primero, consideremos los derechos laborales. La estabilidad en el empleo público es el baluarte que protege a los trabajadores contra despidos arbitrarios. En un entorno donde las decisiones políticas pueden cambiar tan rápido como la marea, garantizar que los empleados públicos no puedan ser removidos de sus puestos sin una causa justificada es fundamental para salvaguardar sus derechos. Esta protección no solo es justa, sino que también asegura que los empleados puedan desempeñar sus funciones con la tranquilidad que ofrece la seguridad laboral.
Luego está la cuestión de la independencia y neutralidad. La estabilidad laboral permite a los empleados públicos actuar sin temor a represalias políticas, lo cual es crucial para mantener la integridad del servicio público. Sin esta protección, corremos el riesgo de que las decisiones se tomen en función de intereses personales o políticos, en lugar de los mejores intereses de la ciudadanía.
La estabilidad también es un incentivo poderoso para la formación y el desarrollo profesional. Un empleado que sabe que su puesto está asegurado es más propenso a invertir en su propio desarrollo, beneficiando así a la organización en la que trabaja. Y hablemos claro: en un mercado laboral competitivo, la estabilidad es un factor atractivo para atraer y retener el talento. Sin ella, el sector público podría enfrentar dificultades para mantener a los profesionales más calificados.
Finalmente, la estabilidad fomenta un fuerte compromiso institucional. Los empleados estables son más propensos a sentirse identificados con los objetivos de la institución, lo que se traduce en un mayor sentido de responsabilidad y pertenencia. Este compromiso es esencial para la resiliencia institucional, especialmente en tiempos de cambios políticos o económicos.
Conclusión
La Resolución 1/2024 marca un hito en la reforma del empleo público en Argentina. Si bien su objetivo es crear un Estado más eficiente y adaptable, no puede pasarse por alto el impacto significativo que tendrá sobre la estabilidad laboral de miles de empleados públicos. En última instancia, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad del Estado para implementar un régimen de disponibilidad que sea justo y equitativo, respetando los derechos de los trabajadores mientras se busca la tan necesaria modernización del sector público.
Este nuevo marco legal nos invita a reflexionar sobre el futuro del empleo público y el rol del Estado en la protección de sus empleados, en un entorno donde la eficiencia no debe estar reñida con la justicia social. No obstante, a mi modo de ver, la estabilidad en el empleo público no es una reliquia del pasado; es un componente esencial para asegurar un gobierno que funcione de manera ética y efectiva. Defenderla es defender la capacidad del Estado para servir a sus ciudadanos de la mejor manera posible.
Civitas Legum 
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